El día 20 de noviembre del 2020 se publica la resolución 1009-2020 del Superintendente de Administración Tributaria, por la que se crean disposiciones para la utilización e implementación del expediente electrónico. Básicamente, ordena la creación de una plataforma electrónica para el resguardo ordenado de los actos administrativos, regulando, además: la notificación electrónica y firma electrónica avanzada. 

En todas las esferas administrativas del Estado, existe la tramitación de expedientes que se generan por solicitudes de los contribuyentes o procesos administrativos legalmente establecidos. 

Para el caso de los asuntos que tramita la Administración Tributaria, existen solicitudes dirigidas al SAT por temas meramente administrativos, la presentación de informes requeridos por la Ley y el procedimiento administrativo de determinación de la obligación tributaria, ya sea por asuntos de fiscalización o solicitudes de devolución de créditos fiscales, pagos en exceso o pagos indebidos. 

Las notificaciones en materia administrativa permiten a los administrados la defensa de sus derechos, y es por ello que las mismas, en materia tributaria deben hacerse de forma personal de acuerdo a lo que regula el Código Tributario. 

Durante varias exposiciones sobre el procedimiento administrativo he señalado que el Código Tributario incorporó, en agosto del 2016, la obligación de los contribuyentes de atender citaciones, comunicaciones y notificaciones electrónicas a través del artículo 21 “B”. Asimismo, he señalado lo peligroso de dicho artículo, si no se aplica atendiendo al artículo 98 A numeral 1, del mismo Código, que supedita dicha obligación de “atender notificaciones electrónicas” a que sea únicamente de mutuo acuerdo con el contribuyente, a través de un contrato, aceptado expresamente por el contribuyente.

El artículo 98 A del Código Tributario establece, en sus partes conducentes, lo siguiente: 

“ARTICULO 98 “A”. Otras atribuciones de la Administración Tributaria.

La Administración Tributaria también podrá:

“1. Establecer de mutuo acuerdo con el contribuyente, una dirección electrónica en Internet, o buzón electrónico, para cada uno de los contribuyentes y responsables, a efecto de remitirles los acuses de recibo de las declaraciones y pagos efectuados, boletines informativos, citaciones, notificaciones  (…)”   

La resolución del Superintendente va en esa línea, pues en el artículo 9 de la resolución 1009-2020 del Superintendente de Administración Tributaria publicada el 20 de noviembre del 2020 se indica lo siguiente:

“Artículo 9. Notificación electrónica. Los contribuyentes responsables o usuarios deben expresar su consentimiento con base los artículos 98 “A” numeral 1 y 133 del Decreto número 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, Código Tributario, para ser notificados en las direcciones electrónicas que los mismos establezcan, o bien en las plataformas o sistemas informáticos que para tal efecto disponga la Superintendencia de Administración Tributaria.”

Es por lo anterior que queda evidenciado que la recepción de notificaciones deberá ser con consentimiento expreso de los contribuyentes a través de un buzón electrónico. Sería ilegal que SAT obligará a los contribuyentes a utilizar dicho buzón e iría, también, contra la propia resolución del Superintendente. 

La resolución del Superintendente está vigente, pero el sistema aún no se ha creado, por lo que debemos estar atentos, ya que debieran existir 2 tipos de buzones electrónicos, uno exclusivo para el contribuyente y otro para los profesionales que nos dedicamos a la defensa o asesoría de los contribuyentes, cuando los contribuyentes señalen expresamente que autorizan que sea el buzón electrónico de sus asesores el que se utilice para la recepción y presentación de documentos electrónicos ante la Superintendencia de Administración Tributaria, en determinados expedientes.

Así mismo, esperamos que esta tramitación electrónica no sea utilizada para presionar o condicionar a los contribuyentes a utilizarla únicamente sí están al día en sus obligaciones formales y de pago de impuestos, sujetando su derecho de defensa a bloqueos electrónicos en caso presenten incumplimientos.  

 Félix Gutiérrez 

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