La pandemia COVID-19 ha representado para todo el mundo una problemática inesperada que ha obligado a las personas a acostumbrarse o sujetarse a un “nuevo orden mundial”. Dentro de estas nuevas adaptaciones surgen aquellas relacionadas con temas migratorios. 

La situación de los migrantes que por cualquier motivo residían o estudiaban en el exterior se vio muy complicada. En unos casos fueron obligados a retornar a sus respectivos países. Esta necesidad de retornar, a su vez se veía complicada por las disposiciones de no permitir el ingreso de vuelos a sus respectivos territorios. En otros escenarios, bien se vieron obligados a sujetarse a nuevas disposiciones gubernamentales en los que, en muchos casos, no les contemplaban como beneficiarios de los programas sociales de apoyo en tiempos de pandemia. 

En el caso de Guatemala, además de las disposiciones que restringían el ingreso de vuelos al territorio nacional, existieron las disposiciones de limitación a la locomoción, lo cual implicaba que, el extranjero que deseaba movilizarse a la ciudad capital para abordar un vuelo “humanitario” de retorno a su país tenía limitada la movilización interdepartamental y los toques de queda implementados por el Presidente. Si bien es cierto estas restricciones se han ido moderando en cuanto a su intensidad, en su momento representaron una limitación grave para las personas. 

Por su parte el Instituto Guatemalteco de Migración, al igual que otras instituciones gubernamentales, se vio forzado a presentar soluciones temporales para adaptarse a dichas disposiciones presidenciales. En tal sentido, tuvo que dejar si efecto los plazos establecidos en el Código de Migración tanto para visas y residencias, su trámite y prórrogas, como para los plazos de vencimiento de visas de turismo de aquellos extranjeros que optaron por quedarse de manera voluntaria en el territorio nacional o bien aquellos que no pudieron viajar de vuelta a sus países. 

En tal sentido, los plazos quedaron congelados a partir de la publicación de la primer disposición presidencial y el primer Estado de Calamidad con respecto a este particular tema. Es decir que se encuentran suspendidos desde el 06 de marzo del año en curso y reanudarán la cuenta al momento en que venza y ya no se renueve el Estado de Calamidad. En tanto ello ocurra, los extranjeros residentes en Guatemala no deberán preocuparse por la pérdida de su estatus migratorio y por ende transformarse en migrantes irregulares, pero sí deberán estar al tanto de la prórroga de las disposiciones por parte del Congreso de la República o bien del pronunciamiento por parte del Instituto Guatemalteco de Migración respecto de la reanudación de los plazos para evitar así cualquier vencimiento, multas por mora y cambios en el estado migratorio que le pueda afectar de manera negativa. 

Alessandra Izquierdo

Abogada en temas de migración

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