El Impuesto de Solidaridad (ISO), al igual que sus antecesores, el declarado inconstitucional IEMA y el IETAAP, son impuestos que gravan 2 veces los ingresos, gracias a fraudes constitucionales para “engañar” a la doble tributación. Se creó un sistema en el que el impuesto se paga en el año calendario que está en curso, calculado sobre la base de ingresos del año pasado.  Lo anterior es igual inconstitucional y una doble tributación, aunque permitan acreditarse “entre sí”. Y es inconstitucional en dos formas:

  1. Por ser sobre ingresos o sobre activos, que ya la misma Corte ha dicho que no son bases imponibles certeras para efectos de establecer la capacidad contributiva real de los ciudadanos;
  2. Por ser sobre los ingresos o activos del año anterior, que hace que exista una mayor desconexión entre el sujeto y su capacidad contributiva real.

El problema ante la crisis del COVID-19, es que el pago se DETERMINA sobre los ingresos del año 2019, pero sin contar con flujos HOY, debido a las suspensiones de labores y bajas de la demanda, para su DESEMBOLSO O PAGO en el año 2020. Es el problema que la mayoría de personas tendrán en este año 2020: FLUJOS DE EFECTIVO.

Derogar el Impuesto de Solidaridad, tiene sus fundamentos sólidos en postulados constitucionales y en las mismas bases de su creación, análisis que se presenta a continuación.

Lo ideal sería eliminarlo a partir del segundo trimestre del 2020, con opción, para quienes estén en el acreditamiento de ISO a ISR, concluir su acreditamiento en los tres años que permite la ley.

Lo anterior también generaría nuevos emprendedores y probablemente disminuyera la tasa de comerciantes informales (que no tributan, aun teniendo los ingresos para hacerlo).

  1. Lo anterior garantiza que en abril 2020 se recaude por última vez el Impuesto de Solidaridad (con el diferimiento otorgado por el Decreto 12-2020 a septiembre del 2020).
  2. Le garantiza flujo a las empresas para afrontar la crisis económica que se avecina.
  3. Garantizaría flujo a las empresas para pago de salarios.
  4. Se cumple con el Considerando de la Ley de ISO que regula que ese impuesto existiría en tanto se modernizara la Ley del Impuesto Sobre la Renta lo que sucedió con el Decreto 10-2012, por lo que el ISO ya no es un impuesto que cubra una necesidad estatal como manda la Constitución

Si gusta leer en más detalle los argumentos, siga leyendo:

FUNDAMENTOS PARA DEROGAR EL ISO:

Segundo considerando de la Ley del ISO:

“Que para dar cumplimiento a las obligaciones que le impone al Estado la Constitución Política de la República de Guatemala en materia de inversión social, es impostergable buscar los mecanismos que mantengan y fortalezcan la recaudación tributaria, que permita al Estado contar con los recursos financieros necesarios para el financiamiento de los programas de inversión social que demanda la población más necesitada, en tanto se promulgue una ley de modernización del Impuesto Sobre la Renta.”

Constitución de la República:

“ARTICULO 171. Otras atribuciones del Congreso.

Corresponde también al Congreso:

(…) c) Decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación;”

“ARTICULO 239. Principio de legalidad.

Corresponde con exclusividad al Congreso de la República, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: (…)”

La Argumentación

El propio Decreto 73-2008 establece que la necesidad estatal a cubrir era temporal, en tanto se modernizaba el impuesto sobre la renta, entonces surge la pregunta de ¿cómo se modernizó el impuesto sobre la renta?

El Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria, decretó 2 impuestos y aumentó el impuesto de circulación de vehículos.

  • El primero, el Impuesto Sobre la Renta, completamente modernizado, ya que es una nueva regulación, no una reforma al Decreto 26-92. El Decreto 10-2012, en cuanto al Impuesto Sobre la Renta, incluyó:
    1. Señalamiento puntual de lo que se considera renta.
    2. Señalamiento puntual de los hechos generadores (esto no lo regulaba el Decreto 26-92).
    3. Restricciones en la deducibilidad de gastos para el régimen sobre utilidades.
    4. Señalamiento expreso de los documentos que pueden soportar gastos deducibles. (El Decreto 26-92 únicamente señalaba “documentos legales de soporte”).
    5. Aumento a la base imponible de las personas en relación en dependencia (que incluye a los trabajadores) al eliminar deducciones y ya no permitiendo que el Impuesto Sobre la Renta de trabajadores en relación de dependencia, se pudiera pagar con el Crédito Fiscal del IVA, aunque bajó la tarifa significativamente a un máximo de 7% y no el 31% que se tenía en el 26-92.
    6. Aumento a la carga tributaria a los que tributan conforme sus ingresos, del 5% al 7% cuando supera los Q.30,000.00.
    7. Señalamiento expreso de las situaciones que generan ganancia de capital y rentas de capital.
    8. Inclusión de un sistema de tributación internacional con relación entre partes y regulación de precios de transferencia.

Todo lo anterior hace que el Impuesto Sobre la Renta se haya modernizado y por tal hace que el Impuesto de Solidaridad ya no sea necesario (Nota del Editor: el hecho que se hizo mal, no es el quid realmente). En virtud de lo anterior el segundo considerando del Decreto 73-2008 señaló una necesidad temporal y condicional, de dicho decreto, en tanto existiera una modernización de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Al haberlo hecho ya, la razón constitucional de “necesidad” ha muerto.

  • El segundo impuesto decretado en el Decreto 10-2012 es el Impuesto Específico a la Primera Matricula de vehículos automotores terrestres.

Así mismo también se creó un impuesto a la primera matricula, lo anterior en virtud de que la mayoría de importaciones de vehículos no pagaban aranceles en la importación derivado de los tratados de libre comercio con los países fabricantes. Entonces, para “ganar”, de alguna forma, ingresos para el Estado, se creó dicho impuesto que repercutió en el aumento de los valores de los vehículos.

  • Por último, se aumentó, sustancialmente el pago del Impuesto de Circulación de Vehículos, situación que afectó a muchos contribuyentes, pero garantizó ingresos al estado. (Nota del Editor: aunque era tan absurdo el aumento que los contribuyentes dejaron de pagar y se tuvo que decretar una rebaja del 50%)

CONCLUSIÓN:

Si un impuesto no cubre una necesidad estatal, el mismo debe ser derogado. Especialmente cuando se trata de un impuesto anticipado que afecta la situación actual derivada del CORONAVIRUS.

En esa misma línea, si un Impuesto trae consigo una “condición” de existencia, como lo es “…en tanto se promulgue una ley de modernización del Impuesto Sobre la Renta…”, al cumplirse dicha condición, deja de existir la necesidad estatal de existencia del Decreto 73-2008 y por tal razón el mismo debe derogarse, con fundamento en los artículos 171 literal c) y 239 de la Constitución.

De igual forma, dejó de existir necesidad de dicho impuesto temporal porque sucedió lo siguiente:

  1. Se aumentó la carga tributaria del Impuesto Sobre la Renta para el régimen sobre ingresos.
  2. Se restringió la deducibilidad de gastos para el Régimen sobre utilidades, lo que necesariamente impacta en más impuestos.
  3. Se creo un nuevo impuesto de primera matricula de vehículos.
  4. Se aumentó el impuesto de circulación de vehículos.

 

Félix Gutiérrez Alvarado.

Abogado y Notario.

 

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